HISTORIA Y DATOS.
La vivienda, sigue siendo a día de hoy, un bien de primera necesidad solo al alcance de cada vez menos privilegiados.
España es un país en el que el sector de la construcción ha sido crucial para el impulso del motor de su economía. Un sector que sufrió, junto a otros países, una histórica burbuja inmobiliaria durante los primeros años de la década del 2000 que desembocó en la crisis financiera global más importe de los últimos 70 años.
Sabemos que el porcentaje viviendas pertenecientes a sociedades de arrendamiento de viviendas representan menos del 5% del parque total de vivienda libre en España.
La cuestión es que es consabido que la vivienda es un derecho fundamental. Así lo recoge nuestra norma suprema, la constitución española del 77 en su artículo 47 que establece:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.”
También lo recoge la resolución 43/14 del mandato del Relator Especial sobre la vivienda de Naciones Unidas y numerosos convenios Internacionales; y es evidente que también el sentido común nos dice que la vivienda siempre es un derecho fundamental y bien de primera necesidad y que por ello, las autoridades deben actuar para proveer su acceso a todos.
